Mariela León 20/03/2020 – Diario 16
Diversos organismos ambientales y Confederaciones Hidrográficas de España manifiestan su preocupación por el robo de agua en el país. También por la existencia de pozos ilegales que encarecen ese preciado líquido, a los ojos de muchos y a las espaldas de otros.
Resulta difícil detectar esa acción y cuantificarla aún más. Pero no imposible. Greenpeace lleva años haciendo un seguimiento a esa situación y emplazando a las autoridades a enmendar esos daños ambientales y colaterales “En España, el país más árido de Europa, el desgobierno en la gestión de los recursos hídricos ha sido una constante histórica. El robo del agua va más allá de la existencia de pozos ilegales. Exceder la concesión autorizada o sustraer agua en épocas de restricción son otras vías habituales para extraer este recurso de manera ilegal”, sentenció la ONG ambientalista en un informe reciente.
Para muchos agricultores y pequeños artesanos, les resulta cuesta arriba pensar que se trata de un robo o de un uso ilegal del agua. De otra manera, ¿cómo garantizar el riego de sus plantaciones de frutas o verduras, sino con agua del pozo más cercano?.
Greenpeace calcula una sustracción de agua ilegal equivalente al consumo de 118 millones de personas, dos veces y media la población española. Hecho relevante en un país con dos tercios de su territorio en riesgo de desertificación. Estas reservas subterráneas son vitales en un futuro de escasez.
Robo de agua y pozos ilegales
En los últimos meses, alrededor de 100 pozos fueron tapados en Lucena del Puerto. Discreto pueblo andaluz en la provincia de Huelva, identificado como el epicentro del robo del agua subterránea en el país.
Uno de los delitos contra el medio ambiente más cometidos en España está, paradójicamente, muy poco perseguido, indicó el movimiento ambientalista.
Muestra de ello”, reveló Greenpeace, “es que las confederaciones hidrográficas solo registraron 7.557 denuncias entre 2013 y 2017. De ese total, 3.474 corresponden a pozos ilegales, una cifra irrisoria si se compara con los más de un millón que se estima que podría haber en el país. Según una filtración del Ministerio de Medio Ambiente en 2017”.
Las denuncias en número y ubicación
Greenpeace y varias instancias de España se mantienen en contacto para encontrar salidas a esa situación.
La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir encabeza la lista en número de denuncias tramitadas por pozos ilegales, con 968 en el periodo de la investigación. Y con casos como el de Puebla del Río o Lucena del Puerto (Huelva), que acumula en el expediente 77 pozos ilegales.
Le siguen la del Tajo (703), Ebro (608), Guadiana (583), Duero (385), Miño (114), Segura (113) y Cantábrico (0). Datos del Júcar no disponibles.
En cuanto al resto de extracciones ilegales, lidera el ranking la Confederación Hidrográfica del Duero, con 1.305 denuncias tramitadas, y le siguen el Guadalquivir (974), Tajo (607), Guadiana (540), Miño (265), Júcar (147), Cantábrico (136) y Segura (109). Datos del Ebro no disponibles.